angel.la-torre

Par angel.la-torre le 05/07/11
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Luego de una batalla jurídica importante e inmediatamente luego de que el Consejo Constitucional la haya declarado parcialmente conforme a la constitución francesa, el 9 de junio 2011, la nueva ley relativa a la inmigración, a la integración y a la nacionalidad ha podido ser definitivamente aprobada el 16 de junio último pasado y publicada en el Diario Oficial de la República Francesa (JORF, por sus siglas en francés) al día siguiente.

Esta nueva ley es la transposición en derecho francés de 3 directivas europeas: La directiva “Retorno”, la directiva “Tarjeta Azul” y la directiva “Sanciones”.

De manera que ella modifica, en consecuencia, ostensiblemente el tratamiento de las medidas de alejamiento de los extranjeros del territorio francés y, particularmente, la Obligación de Abandonar el Territorio Francés (OQTF, por sus siglas en francés), y marca la desaparición - al menos de nombre - de la APRF (Decreto Prefectoral de Reconducción a la Frontera, por sus siglas en francés), medidas administrativas de las que hablamos el mes pasado.

Asimismo esta nueva ley, entre otras medidas, confirma la utilización de una OQTF contra un ciudadano de un país miembro de la Unión Europea dentro de un marco especifico, fusiona la OQTF con la APRF, crea la “prohibición del territorio”, prevé las condiciones de la asignación a residencia de los extranjeros, legisla sobre el régimen de la retención administrativa así como sobre la intervención del juez judicial durante el proceso de alejamiento del extranjero.

Ella da también paso a una nueva especie de OQTF. Este nuevo género de OQTF tendrá 2 formas:

La OQTF “con plazo” de salida voluntaria.

Es la OQTF que otorga 30 días al extranjero para poder efectivamente abandonar el país dentro de ese período de tiempo. A título “excepcional” un plazo adicional le podrá ser acordado. Esta OQTF puede ser objeto de un recurso contencioso ante el tribunal administrativo competente dentro de los 30 días a partir de su notificación.

La OQTF “sin plazo” de salida voluntaria.

Es la OQTF “seca” que es la que en realidad va a remplazar la APRF. Esta OQTF que deberá ser la excepción de acuerdo a la directiva “Retorno” que pregona el principio de una salida voluntaria de los extranjeros, es la que debe ser ejecutada desde su notificación y puede ser objeto de un recurso contencioso ante el tribunal administrativo competente que debe ser ejercido dentro de las 48 horas de su notificación.

La notificación de estas medidas puede hacerse en la ventanilla de la prefectura o por correo certificado y la decisión administrativa tomada por el Prefecto no tiene que ser necesariamente motivada.

El recurso administrativo contra estas medidas tiene que ser introducido ante el Tribunal administrativo territorialmente competente de la Prefectura que ha tomado la medida. El recurso pone en suspenso la ejecución de la medida hasta que el juez administrativo dictamine al respecto. En otras palabras, el extranjero que ha introducido el recurso no puede ser alejado del territorio francés durante este periodo.

El juez administrativo debe resolver el recurso de anulación que se le ha presentado dentro de los 3 meses para estas dos medidas, pero en el caso de la OQTF “sin plazo” de salida voluntaria este magistrado debe decidir dentro de las 72 horas si el extranjero ha sido colocado en retención administrativa o si ha sido asignado a residencia.

La ley crea además una “prohibición de retorno” de 2 años como máximo contra el extranjero que no podrá regresar a Francia ni a ningún otro territorio de un país miembro de la Unión Europea en caso que el mismo haya rechazado partir a su país de origen dentro del periodo de 30 días que le ha sido notificado con su OQTF “con plazo” de salida voluntaria o que ha regresado ilegalmente, salvo por “razones humanitarias”.

Esta nueva medida de policía administrativa será de 3 años si el extranjero es destinatario de una OQTF “sin plazo” de salida voluntaria.

De la misma forma, esta nueva “prohibición de retorno” que acompaña la OQTF deberá ser tomada por el Prefecto teniendo en consideración la antigüedad de la residencia del extranjero en Francia, de sus lazos familiares, de sus antecedentes y de la amenaza que representa por el orden público.

El Prefecto podrá no obstante, a todo momento, abrogar la medida si el extranjero reside fuera del territorio francés. Esta medida de abrogación es de pleno derecho para el extranjero que ha abandonado el territorio francés y ha ejecutado su OQTF “con plazo” de salida voluntaria.

Hay que resaltar asimismo que la nueva ley aumenta de 32 días, como es el caso actualmente, a 45 días el plazo máximo de retención administrativa.

De otro lado, la participación del Juez de las Libertades y de la Detención (JLD) en el tratamiento del contencioso del alejamiento de los extranjeros en Francia ha sido prolongada. Ahora su intervención se hará a los 5 días posteriores a la fecha que el extranjero ha sido colocado en un centro de retención administrativa y no dentro de las 48 horas como era el caso hasta ahora. Su intervención será entonces a posteriori de la participación del juez administrativo que es competente sobre la regularidad de la medida de alejamiento del territorio.

Así, el juez administrativo deberá tomar una decisión sobre la regularidad de la medida de alejamiento antes que el juez judicial pueda, por su parte, pronunciarse sobre la regularidad del procedimiento de colocación del extranjero en retención administrativa.

La nueva ley limita además los motivos de liberación del JLD a los ataques substanciales a los “derechos del extranjero”. La noción de este último concepto no ha sido, sin embargo, definido por el legislador dentro de la nueva ley.

Es importante señalar finalmente que, como lo acabamos de ver, la nueva ley -que modifica por enésima vez el Código de Entrada y de Residencia de los Extranjeros y el Derecho de Asilo (CESEDA, por sus siglas en francés)- deberá completarse con una serie de decretos de aplicación que, al momento del cierre de este artículo, no han sido publicados todavía.

Maître Ángel LA TORRE

Abogado a la Corte de PARIS

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