angel.la-torre

Par angel.la-torre le 10/10/14
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El lunes 7 de julio 2014 último, los abogados de Francia salieron a las calles a protestar contra un proyecto de ley de reforma de la asistencia jurídica gratuita en Francia y que contaba injustamente gravar con un nuevo impuesto a pagar por estos profesionales que participan ya ampliamente con sus intervenciones en el sistema del auxilio jurídico.  Como consecuencia de esta manifestación, el Primer Ministro Manuel Valls confió al Diputado Jean-Yves Bouillonnec la creación de una Misión de estudio para encontrar nuevas vías de financiamiento de la ayuda jurisdiccional. El informe que debía, en principio, ser anunciado a fines de agosto no ha sido al día de hoy todavía hecho público.

Pero, ¿qué es la asistencia jurídica gratuita (“aide juridictionnelle” en francés, o “AJ” como es simplemente conocido en los medios judiciales y de asistencia social de este país)? Es una ayuda que el Estado francés concede a las personas de recursos económicos limitados (ganando actualmente entre 936 euros mensuales como máximo para una ayuda total y 1404 euros mensuales como máximo para una ayuda parcial, por una persona sin carga de familia) y que permite al beneficiario de tener el famoso “derecho al juez” para que pueda defenderse en justicia evitando, por ejemplo, de pagar los honorarios (totalmente o parcialmente) de un abogado así como los gastos relativos al proceso y a los diferentes auxiliares de justicia que intervienen en el mismo.

Para demandar la AJ hay que llenar un formulario CERFA y adjuntar los documentos requeridos en la declaración de recursos económicos. Esta última declaración no es obligatoria si Usted es beneficiario del RSA socle, de la Aspa o de la Ata.

El formulario CERFA de demanda de la Asistencia jurídica gratuita puede ser retirado en las municipalidades, en las casas de justicia y del derecho o en los tribunales. Puede también descargarlo en la siguiente dirección: https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12467.do

Una vez el expediente listo, éste se deposita en el BAJ (“Bureau d’aide juridictionnelle”) del lugar de la jurisdicción del proceso (para los asuntos que deben ser juzgados por una Tribunal civil, penal, administrativo o par la Corte de apelación y la Corte administrativa de apelación en el BAJ del Tribunal de Gran Instancia) y por los otros procesos en los BAJ de la Corte de Casación, del Consejo de Estado o de la Corte Nacional del Derecho de Asilo (CNDA).

Este derecho de acceso a la asistencia jurídica gratuita ha sido implementado con la idea de que todos somos iguales ante la ley y que los ciudadanos (franceses o extranjeros que viven en Francia) puedan tener acceso a la justicia independientemente de sus recursos económicos.

Es importante mencionar que las prestaciones familiares así como algunas prestaciones sociales no son tomadas en cuenta para el cálculo de los recursos del demandador de la asistencia jurídica gratuita, pero que -por el contrario- los recursos económicos de las otras personas que viven en su hogar lo serán (cónyuge, hijos, etc…), salvo si el proceso es entre ellos; esto es, si son contradictores en un proceso que los opone.

La persona que ha obtenido el beneficio de la Asistencia jurídica gratuita dispone de un año para comenzar el proceso por el que ha demandado dicha asistencia. Este plazo se calcula a partir de la fecha de la decisión de admisión a la misma. Si la persona no lo utiliza dentro del plazo señalado deberá efectuar una nueva demanda.

Si el BAJ rechaza la demanda de asistencia, el demandador puede demandar una nueva deliberación por correo certificado con aviso de recibo dentro del plazo de un mes y precisando claramente los motivos del recurso. La nueva decisión del BAJ será definitiva.

La demanda de asistencia jurídica gratuita será rechazada si la acción en justicia es inadmisible o desprovista de fundamento, así como si los recursos del demandador son, evidentemente, superiores al máximo requerido.

Si el BAJ acepta la demanda en totalidad, los gastos del beneficiario son a la carga del Estado. Si el BAJ atribuye una asistencia jurídica gratuita parcial, el beneficiario deberá pagar los honorarios fijados por convención con su abogado y/o pagar un emolumento en favor de los oficiales públicos y ministeriales que lo asistirán en el proceso.

El demandador puede elegir libremente un profesional que lo asistirá (si este último acepta ser remunerado a título de la asistencia jurídica gratuita). Sino, se designará a uno que lo asistirá de oficio.

EL presente artículo lo terminaremos por donde empezamos. En efecto, el problema actual de la asistencia jurídica gratuita en Francia es sobre todo un problema de financiamiento y el Estado quiere desembarazarse del problema cuando en realidad su rol es el de subvencionar este servicio público. El Consejo nacional de los colegios de abogados (CNB, por sus siglas en francés), órgano representativo de la profesión de abogado en Francia, ha revelado mediante un comunicado, el 23 de septiembre último, que tenía conocimiento de las disposiciones del proyecto de la ley de finanzas de 2015 para el financiamiento de la asistencia jurídica gratuita para el año entrante. Así, según el CNB, el gobierno suprimiría la demodulación de las unidades de valor criticadas por la profesión de abogado y propondría 3 nuevos ingresos fiscales de financiamiento: un impuesto sobre los contratos de seguro de protección jurídica, la revalorización de los derechos fijos de los procesos represivos y un impuesto global sobre las actas de los agentes judiciales por un monto general de 43 M€ todavía insuficiente según el CNB para una justa retribución de las misiones de los actores de la asistencia jurídica gratuita. “Affaire à suivre”.

 

Maître Angel LA TORRE

Avocat au Barreau de PARIS

www.la-torre.net