Par angel.la-torre le 18/10/13

Un flamante decreto del 16 de agosto de 2013 último relativo al proceso aplicable ante la Corte Nacional del Derecho de Asilo ha revisado el título III del libro VII del CESEDA (Código de la Entrada y de la Residencia de los Extranjeros y del Derecho de Asilo).

Un rápido sobrevuelo de las características de aplicación de dicho decreto (de solo 3 artículos) y de aplicación inmediata (a partir del 19 de agosto último, salvo la entrada en vigor de algunos artículos para el 30 de abril de 2014 y para el 1ero de febrero de 2015 próximos como fechas límites) nos permite apreciar que:

En lo que a las características del depósito de los recursos se refiere, el decreto modifica varios puntos de la instrucción de los expedientes. Así, las resoluciones tomadas por el Presidente de la Corte o por los presidentes de formación que hasta el día de hoy estaban circunscritos a los desistimientos, a los sobreseimientos a resolverse y a la inadmisibilidad manifiesta non susceptible de ser regularizada podrán asimismo a partir de ahora aplicarse a los recursos que no satisfagan a la competencia de la Corte o que no presenten ningún elemento serio. En este último caso, el demandador de asilo deberá haber sido puesto en conocimiento de los documentos del expediente y el asunto deberá haber sido examinado por un ponente. De otro lado, si el recurso sufre de una inadmisibilidad susceptible de ser cubierta después de la expiración del plazo de recurso, la Corte no la podrá rechazar señalando de oficio esta inadmisibilidad luego de haber invitado su autor a regularizarlo dentro de un plazo impartido que, salvo urgencia, no podrá ser inferior a 15 días.

El decreto subordina asimismo el depósito de un recurso a una multiplicidad de dificultades formales como la enumeración de los documentos, la traducción de los documentos presentados en lengua original traducidos al francés, la traducción certificada para los actos del estado civil, judicial y de policía, etc.

En lo que a las características de la instrucción se refiere, el decreto reforma varios puntos de la misma, como la comunicación con el abogado del demandador de asilo, las modalidades de comunicación del aviso de cierre de la instrucción, de recepción del recurso, de la audiencia y de la decisión. Asimismo el decreto precisa que el presidente de la formación de juzgamiento o de la Corte fija la fecha de cierre de la instrucción. En el caso en el que las partes sean informadas 2 meses antes de la audiencia, la instrucción escrita se cierra 10 días francos antes de la fecha de la audiencia. En los otros casos, la instrucción se cierra 5 días antes de la audiencia. Una novedad es que el decreto autorizará la producción de documentos luego del cierre de la instrucción. Hasta hoy esta posibilidad no estaba autorizada, salvo reapertura de la instrucción. Del mismo modo, la producción de los documentos originales previamente comunicados en copia podrá ser admisible hasta el final de la audiencia.

En lo que a las características de la audiencia se refiere, el decreto ordena que la Corte ponga gratuitamente a disposición del demandador de asilo un intérprete para asistirlo en la audiencia. El decreto indica asimismo que la lista de la audiencia es publicada en la puerta de la sala. La audiencia es pública y el presidente de la formación de juzgamiento es el encargado de velar al orden en la sala y a dirigir los debates. De manera que las personas que asistan a la audiencia deberán observar una actitud digna y guardar el respeto debido a la justicia. Así les está prohibido hablar, hacer señales de aprobación o de desaprobación o de causar desórdenes en la sala. El presidente puede hacer expulsar toda persona que no obedezca a sus órdenes, sin perjuicio de las acciones penales o disciplinarias que podrán ser ejercidas en su contra. Él puede ordenar, si una parte lo solicita o si él estima útil, en razón de las circunstancias del caso, que la audiencia se realice a puerta cerrada.

El ponente da lectura a su informe que analiza el objeto de la demanda y los elementos de hecho y de derecho expuestos por las partes y menciona los elementos propios a aclarar el debate, sin tomar partido sobre el sentido de la decisión. Esta posibilidad era hasta hoy posible y el ponente terminaba normalmente su exposición dando su opinión sobre el hecho de rechazar o no el recurso presentado.

Luego de la lectura del informe, salvo si el abogado del demandador de asilo pide la palabra, la formación de juzgamiento puede hacer las preguntas que estime necesarias a las partes en presencia. El presidente da la palabra al demandador de asilo y al representante de la OFPRA (Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apátridas).

Asimismo, la parte que ha recibido ─ 7 días antes del cierre de la instrucción─ una escritura o nuevos documentos, puede presentar a la audiencia toda observación oral que estime útil para responder a dicha escritura o a dicha presentación de nuevos documentos.

La formación de juzgamiento delibera fuera de la presencia de las partes y el ponente no tiene voto deliberante.

La decisión es tomada a la mayoría de los votos

Las personas que participen a la deliberación están sometidas a la obligación de respetar el secreto bajo sanción penal.

Asimismo, el miembro de la formación de juzgamiento que supone en su persona una causa de recusación o estima en consciencia deber abstenerse podrá hacerse remplazar por otro miembro que designe el presidente de la Corte.

Asimismo, una parte que desde recusar un miembro de una formación de juzgamiento debe, a pena de inadmisibilidad, hacerlo por un acto especial remitido a la Corte desde que tenga conocimiento de la causa de recusación. Este acto especial indica con precisión los motivos de la recusación y es acompañado de los documentos que lo justifiquen. En ningún caso, la recusación no puede ser formada luego del fin de la audiencia.

El miembro recusado hace conocer por escrito, sea su consentimiento a la recusación, sea los motivos por los que él se opone a la misma.

Como acabamos de ver, el proceso ante la CNDA ha sido profundamente corregido por el decreto que comentamos y que ha codificado, al mismo tiempo, varios aspectos jurisprudenciales que se aplicaban ya en esta jurisdicción.

Maître Angel LA TORRE

Avocat au Barreau de PARIS

El Dr. Ángel LA TORRE, el abogado de los latinos en Francia, atiende -previa cita- en su Despacho ubicado en la dirección siguiente: 186 Avenue de Versailles en PARIS (75016), Metro Porte de Saint-Cloud (línea 9). Para mayores informes pueden escribir a: angel@la-torre.net o llamar al teléfono: 01.8283.39.06 y/o al celular: 06.37.7070.66.

Par angel.la-torre le 20/12/07

Voici le communiqué du GISTI de ce jour concernant l'immigration économique de la loi Hortefeux :

Une rumeur court en ce moment parmi les sans-papiers, et parmi les employeurs ou employeurs potentiels de sans-papiers : la réforme de la loi sur l'immigration du 20 novembre dernier permettrait la régularisation des étrangers qui travaillent ou qui détiennent une promesse d'embauche.

Or malgré les annonces faites par le gouvernement, non seulement on est loin d'une telle régularisation sur la base du travail, mais la disposition à l'origine de cette rumeur, qui a été introduite - d'ailleurs dans la plus grande des discrétions - par la loi Hortefeux, pourrait s'avérer être un véritable piège pour les personnes en situation irrégulière.

La disposition en question donne désormais la faculté aux préfectures de délivrer un titre de séjour à des étrangers qui exercent une profession connaissant des problèmes de recrutement.

Mais le seul fait de travailler – et de pouvoir justifier d'un emploi – ne donnera aucunement un droit automatique à une carte de séjour. Les préfectures useront dans le traitement de ces dossiers, comme elles en ont l'habitude, de leur pouvoir discrétionnaire.

D'ailleurs, la nouveauté se niche dans une partie du CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) qui le dit explicitement : il s'agit d'une « admission exceptionnelle au séjour ». Parler ici de « régularisation » est une contre-vérité.

Mais il y a pire. Le dispositif n'est pas encore opérationnel ; il ne le sera qu'après l'adoption de la liste des professions décrétées « sous tension ». On pouvait espérer par réalisme que cette liste épouse les métiers exercés de fait par les sans-papiers. Et bien non ! On a appris, via une « fuite » dans le journal Libération du 29 octobre 2007, qu'il y aura deux listes, l'une réservée aux ressortissants des derniers pays entrés dans l'Union européenne, comprenant plus d'une centaine de professions peu qualifiées (celles exercées bien souvent par des travailleurs sans autorisation de travail), et une autre, plus courte, de métiers exigeant pour la grande majorité d'entre eux des diplômes de l'enseignement supérieur, qui sera celle applicable aux non communautaires. L'étau se resserre, et les chances pour les sans-papiers d'être admis (exceptionnellement) au séjour d'autant...

Depuis l'annonce d'une possible régularisation par le travail, en tous cas, beaucoup d'étrangers se précipitent dans les préfectures. Certains ont déjà fait l'objet d'interpellations au guichet et d'un éloignement du territoire. Les reconduites à la frontière sont facilitées par le fait que beaucoup parmi les personnes concernées sont célibataires, et souffrent davantage d'isolement. Après le fichage des familles favorisé par la prétendue régularisation de juin 2006, s'opère celui des étrangers célibataires. Une aubaine pour atteindre et dépasser les objectifs affichés de 25 000 expulsions pour l'année ! Ces expulsions sont peut-être, malgré les discours sur l'immigration de travail, la principale ambition de la politique migratoire du gouvernement ?

Le Gisti tient à alerter les sans-papiers et tous ceux qui les soutiennent : il est important qu'ils ne se rendent pas dans les préfectures tant que les listes de métiers ouverts ne sont pas parues, et même alors de ne pas s'y rendre sans s'être renseigné auprès d'une association ou d'un syndicat.

20 décembre 2007

Par angel.la-torre le 07/11/07

¿Es verdad que los trabajadores "sin papeles" en Francia van a ser regularizados? Rosa P.

Según lo dispuesto por la nueva ley relativa al control de la inmigración, a la integración y al asilo, más conocida como "ley Hortefeux" por el apellido del actual ministro de la inmigración, de la identidad nacional, y del codesarrollo, la respuesta es afirmativa, bajo ciertas condiciones.

En efecto, la intención de la nueva ley, adoptada definitivamente por el Parlamento el 23 de octubre último, es de, entre otras múltiples y variadas medidas, reescribir de manera diferente el artículo 313-10 del código de la entrada y de la residencia de los extranjeros y del derecho de asilo (CESEDA, por sus siglas en francés) con el objeto de darle una base legislativa al otorgamiento de la tarjeta de residencia temporal autorizando el ejercicio de una actividad profesional a algunas categorías de trabajadores extranjeros.

El hecho se ha visto en la práctica aquí en Francia cuando a comienzos de este año, en un restaurante de la cadena "Buffalo Grill" y en un matadero de Ile-et-Vilaine, una serie de trabajadores "sin papeles" fueron interpelados y luego regularizados pues, según los empleadores, estos últimos "no sabían" que estaban indocumentados.

La adopción "en catimini" de la enmienda que comentamos, tanto en la Asamblea nacional como en el Senado, contó con el aval del gobierno y pasó desapercibida a causa del debate que suscitó la adopción de una otra enmienda relativa a las pruebas ADN dentro de la misma ley.

El texto de la enmienda en virtud de la cual la medida ha sido adoptada dice lo siguiente "A título excepcional, es necesario poder regularizar trabajadores. Esta enmienda faculta a la autoridad administrativa para regularizar a un extranjero, con la reserva de que obtenga un trabajo en un oficio y en una zona geográfica caracterizada por dificultades de reclutamiento".

La enmienda, que como ya lo mencionamos, ha sido avalada por el gobierno actual, tiene la voluntad de conceder tarjetas de residencia temporal (de un año) a los extranjeros para que éstos puedan trabajar en oficios y áreas geográficas caracterizadas por dificultades de reclutamiento y que figuren en "la lista establecida por la autoridad administrativa tras consulta con los sindicatos".

Esta demanda de regularización deberá, contrariamente a lo que se estilaba hasta ahora en esta situación, ser presentada por los mismos empleadores de los posibles beneficiarios.

La idea es que esta regularización se efectúe "caso por caso" pero lo cierto es que una gran cantidad de personas podrá beneficiar de esta pequeña apertura de la puerta de entrada a Francia.

Entre ellos, por supuesto, una inmensa mayoría de latinoamericanos "sin papeles" que testimonian con su esfuerzo diario de una real integración por el trabajo en Francia.

El impacto de la medida puede ser importante y de esta manera se podrá clarificar la situación de muchas personas que están "obligadas" a trabajar "al negro".

De todas maneras la regularización de los trabajadores "sin papeles" será un buen negocio para el Estado pues esta es también una manera de recuperar nuevas personas que cotizarán legalmente a las cargas sociales obligatorias.

Hay que recordar, simplemente y a manera de comparación, que en España 600 000 personas fueron regularizadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero en el año 2005 y que la medida permitió salvar a mucha gente que era injustamente explotada por empleadores sin escrúpulos.

En Francia, por definición, no se puede saber el número de personas que podrán beneficiarse de esta medida pero lo que se sabe desde ya, de acuerdo al ministro Brice Hortefeux, es que 470 000 ofertas de empleo permanecían vacantes en el Hexágono pues, según sus declaraciones, "por qué negarlo, se trata de empleos que nuestros ciudadanos no quieren ocupar".

Estos empleos se encuentran especialmente en los sectores que tienen dificultades endémicas de reclutamiento como la agricultura, la construcción, la hotelería y la restauración.

Lo que es cierto es que el presidente francés, de acuerdo a sus propias afirmaciones, quiere hacer pasar la inmigración económica del 7 % actualmente al 50 % el año próximo.

Por el momento no se ha determinado todavía los puestos de trabajo y las regiones geográficas exactas que podrán beneficiarse de la medida que nos ocupa.

Lo que se sabe ya es que el tratamiento de los expedientes entrará dentro del poder discrecional de los Prefectos, lo que hace pensar un poco a la desigualdades de tratamiento en los diferentes departamentos franceses y a la arbitrariedad que ello representa.

Se recomienda pues presentar un expediente bien consistente y con la ayuda de un profesional del derecho para tener mayor posibilidad de éxito en la gestión.

Por otro lado, cuando una empresa transnacional hará venir un trabajador extranjero, éste obtendrá un título de residencia sin que la administración tenga que apreciar la oportunidad de dicha venida con relación a la situación del empleo en Francia.

En otras palabras, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley no habrá más la sacrosanta oponibilidad del empleo por parte de los trabajadores franceses. La preferencia nacional en este caso quedará entonces abrogada.

En estos tiempos de marasmo económico y de "caza" al inmigrante "sin papeles" a causa justamente de la famosa política de inmigración "elegida", hay que admitir que esta es una buena noticia y un balón de oxígeno para las miles de personas que se encuentran en este caso y que podrán beneficiar de la medida.

La aplicación efectiva de la nueva ley se realizará a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial de la República francesa (JORF, por sus siglas en francés).

Esta publicación tendrá que esperarse un poco debido a que más de sesenta diputados del PS (partido socialista), el PCF (partido comunista francés) y otros, incluido el ex candidato a la presidencia de la República François Bayrou, han interpuesto el 25 de octubre último, un recurso ante el Consejo Constitucional demandando que los "sabios" censuren algunos artículos de la nueva ley y, en particular, declaren inconstitucional la aplicación de las pruebas ADN incluidas en la misma ley a efectos de la reagrupación familiar.

Hay que remarcar, finalmente, que la medida adoptada respecto a la regularización por el trabajo de los extranjeros indocumentados en Francia -materia del presente comentario- no cuenta con ninguna contestación legal, salvo la simple opinión de la hija del tenor de la extrema derecha que ha tendenciosamente calificado esta disposición de la nueva ley como una "regularización masiva disfrazada".

Maître Angel LA TORRE

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Par angel.la-torre le 21/09/07

Le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a été adopté par les députés hier, le 20 septembre, en première lecture.

Ci-joint le texte complet en format PDF.

Par angel.la-torre le 18/09/07

De quoi parle-t-il le nouveau projet de loi HORTEFEUX qui sera examiné aujourd'hui et demain par le Parlement? Ernesto M.

Le nouveau projet de loi relatif au contrôle de l'immigration, à l'intégration et à l'Asile a été présenté par le Ministre Brice HORTEFEUX au Conseil des Ministres le 4 juillet dernier et a été immédiatement adopté par ce dernier. Les 18 articles du projet de loi seront débattus par le Parlement dans la session extraordinaire d'aujourd'hui et demain.

Ce projet, promis par celui qui était alors candidat à la Présidence de la République, Nicolas SARKOZY, c'est une sorte de clause additionnelle du CESEDA (Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile) qui a déjà été, depuis sa publication, modifié par les lois du 26 novembre 2003 et du 24 juillet 2006.

Sur le Regroupement familial

Ce projet de loi rend plus difficiles les conditions pour le regroupement familial d'un étranger qui réside légalement en France et qui veut faire venir sa famille.

Ainsi, la personne intéressée devra démontrer qu'elle dispose de revenus "adaptés en fonction de la taille de sa famille". Ces revenus devront être compris, hors des aides reçues des organismes sociaux, entre une fois et 1.2 fois le montant du SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) qui,depuis le 29 juin dernier, est de 1280.07 Euros bruts par 151.67 heures de travail mensuelles.

Un amendement parlementaire au projet qui sera débattu aujourd'hui et demain demande aussi de «proposer» (sic) aux bénéficiaires d'un regroupement familial de se faire effectuer, à leurs frais, un test ADN pour obtenir une empreinte génétique prouvant leur filiation.

D'un autre côté, selon les dispositions du nouveau projet de loi, l'étranger qui est sollicité par un parent pour venir en France devra se soumettre préalablement à une "évaluation" – de 15 minutes environ – de son "degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République". S'il y a nécessité, le candidat à l'immigration en France devra suivre "une formation complémentaire de deux mois" avant d'abandonner son pays d'origine.

De même, si la famille qui a profité du regroupement familial a des enfants, "un contrat spécial d'accueil et d'intégration pour la famille" devra être signé par les parents qui seront obligés de suivre une formation sur "les droits et les devoirs par rapport à leurs enfants". Au cas où ce contrat ne soit pas respecté et à défaut d'assiduité scolaire, des "mesures d'accompagnement" seront employées et qui pourront aller jusqu'à la mise en tutelle des aides familiales.

Sur l'Asile

Le texte du projet de loi que nous commentons comporte aussi quelques mesures qui touchent au traitement des demandeurs d'Asile.

Ainsi, sous la pression d'une récente jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui a condamné, à l'unanimité, à la France par défaut de recours effectif contre les décisions de rejet de l'entrée sur le territoire pour les demandeurs d'Asile à la frontière, les recours dirigés contre ces rejets d'Asile disposeront, dorénavant, d'un caractère suspensif de 24 heures.

D'autre part, le projet de loi place à l'OFPRA (Bureau français de Protection des Réfugiés et des Apatrides) - jusqu'à aujourd'hui sous la tutelle du "Quai d'Orsay" - sous la compétence du nouveau Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité Nationale et du Codéveloppement.

Ce fait nous permets de déduire que la Commission des Recours des Réfugiés (CRR), qui dépend du budget de l'OFPRA, se trouvera dans les faits sous la tutelle du nouveau Ministère, quand l'on sait que la CRR, en raison de son rôle juridictionnel, devrait logiquement plutôt, être sous la tutelle du Ministère de la Justice.

Il faut constater finalement que ces dispositions s'inscrivent, évidemment, dans le tableau des objectifs chiffrés de l'actuel gouvernement français en matière d'immigration (25.000 reconduites à la frontière pour l'année 2007, dont Ivan - l'enfant russe "sans papiers" qui s'est réveillé d'un coma - est un regrettable exemple) et dans le processus de restriction des droits des étrangers qui se trouvent ou qu'ils ne se trouvent pas encore sur le territoire français.

Maître Angel LA TORRE

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Mise à jour de notre post, en espagnol, du 31 août dernier.

Par angel.la-torre le 18/09/07

¿ De qué trata el nuevo proyecto de ley HORTEFEUX que será examinado hoy y mañana por el Parlamento ? Ernesto M.

El nuevo proyecto de ley relativo al control de la inmigración, a la integración y al asilo ha sido presentado por el Ministro Brice HORTEFEUX al Consejo de Ministros el 4 de julio último y ha sido inmediatamente adoptado por el mismo. Los 18 artículos del proyecto de ley serán debatidos por el Parlamento en la sesión extraordinaria de hoy y de mañana.

Este proyecto, prometido por el entonces candidato a la Presidencia de la República Nicolás SARKOZY, es una suerte de cláusula adicional del CESEDA (Código de Entrada y de Residencia de los Extranjeros y del Derecho de Asilo, por sus siglas en francés) que ya ha sido, desde su publicación, modificado por las leyes del 26 de noviembre del 2003 y del 24 de julio del 2006.

Sobre la Reagrupación familiar

Este proyecto de ley hace aún más difíciles las condiciones para la reagrupación familiar de un extranjero que reside legalmente en Francia y que quiere hacer venir su familia.

Así, el interesado deberá demostrar que dispone de ingresos "adaptados en función de la talla de su familia". Estos ingresos deberán estar comprendidos, fuera de las ayudas recibidas de los organismos estatales, entre una vez y 1.2 veces el monto del SMIC (Salario Mínimo Interprofesional de Crecimiento) que desde el 29 de junio ultimo es de 1280,07 Euros brutos por 151.67 horas de trabajo mensuales.

Una enmienda parlamentaria al proyecto que se debatirá hoy y mañana pide además "proponer" (sic) a los beneficiarios de una reagrupación familiar que se hagan efectuar, por cuenta suya, una prueba ADN para obtener una impresión genética que pruebe su filiación.

De otro lado, según las disposiciones del nuevo proyecto de ley, el extranjero que es solicitado por un familiar para venir a este país deberá someterse previamente a una "evaluación" –de aproximadamente 15 minutos– de su "grado de conocimiento de la lengua francesa y de los valores de la República". Si hay necesidad, el candidato a la inmigración a Francia deberá seguir una "formación complementaria de dos meses" antes de abandonar su país de origen.

Asimismo, si la familia que ha beneficiado de la reagrupación familiar tiene hijos, un especial "contrato de acogida y de integración para la familia" deberá ser firmada por los padres que se obligarán a seguir una formación sobre "los derechos y deberes con relación a sus hijos". En caso de que este contrato no sea respetado y a falta de asiduidad escolar, unas "medidas de acompañamiento" serán empleadas y que podrán ir hasta la puesta en tutela de las ayudas familiares.

Sobre el Asilo

El texto del proyecto de ley que comentamos comporta también algunas medidas que tocan al asilo.

Así, bajo la presión de una reciente jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos del Hombre que ha condenado, a la unanimidad, a Francia por defecto de recurso efectivo contra las decisiones de rechazo de la entrada al territorio para los demandadores de asilo a la frontera, los recursos dirigidos contra dichos rechazos de asilo dispondrán, a partir de ahora, de un carácter suspensivo de 24 horas.

De otra parte, el proyecto de ley coloca a la OFPRA (Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apátridas) –hasta hoy bajo la tutela del "Quai d'Orsay" (Ministerio de Relaciones Exteriores francés)– bajo la competencia del nuevo Ministerio de la Inmigración, de la Integración, de la Identidad Nacional y del Codesarrollo.

Este hecho nos hace deducir que la Comisión de Recursos de los Refugiados (CRR) que depende del presupuesto de la OFPRA se encontrará en los hechos bajo la tutela del nuevo Ministerio, cuando se sabe que la CRR, en razón de su rol jurisdiccional, debería lógicamente más bien, estar bajo la tutela del Ministerio de la Justicia.

Hay que constatar finalmente, de que estas disposiciones se inscriben, evidentemente, en el cuadro de los objetivos cifrados del actual gobierno francés en materia de inmigración (25,000 reconducciones a la frontera para el año 2007, dentro de los cuales Iván –el niño ruso "sin papeles" que se despertó de un coma– es un lamentable ejemplo) y dentro del proceso de restricción de los derechos de los extranjeros que se encuentran o todavía no se encuentran en el territorio francés.

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Actualización de nuestra bitácora del 31 de Agosto último pasado.

Par angel.la-torre le 31/08/07

¿ De qué trata el nuevo proyecto de ley HORTEFEUX ? Ernesto M.

El nuevo proyecto de ley relativo al control de la inmigración, a la integración y al asilo ha sido presentado por el Ministro Brice HORTEFEUX al Consejo de Ministros el 4 de julio último y ha sido inmediatamente adoptado por el mismo. El texto del proyecto de ley será debatido por el Parlamento en la sesión extraordinaria del presente mes de septiembre.

Este proyecto, prometido por el entonces candidato a la Presidencia de la República Nicolás SARKOZY, es una suerte de cláusula adicional del CESEDA (Código de Entrada y de Residencia de los Extranjeros y del Derecho de Asilo, por sus siglas en francés) que ya ha sido, desde su publicación, modificado por las leyes del 26 de noviembre del 2003 y del 24 de julio del 2006.

Sobre la Reagrupación familiar

Este proyecto de ley hace aún más difíciles las condiciones para la reagrupación familiar de un extranjero que reside legalmente en Francia y que quiere hacer venir su familia.

Así, el interesado deberá demostrar que dispone de ingresos "adaptados en función de la talla de su familia". Estos ingresos deberán estar comprendidos, fuera de las ayudas recibidas de los organismos estatales, entre una vez y 1.2 veces el monto del SMIC (Salario Mínimo Interprofesional de Crecimiento) que desde el 29 de junio ultimo es de 1280,07 Euros brutos por 151.67 horas de trabajo mensuales.

De otro lado, según las disposiciones del nuevo proyecto de ley, el extranjero que es solicitado por un familiar para venir a este país debe someterse previamente a una "evaluación" de su "grado de conocimiento de la lengua francesa y de los valores de la República". Si hay necesidad, el candidato a la inmigración a Francia deberá seguir una "formación complementaria de dos meses" antes de abandonar su país de origen.

Asimismo, si la familia que ha beneficiado de la reagrupación familiar tiene hijos, un especial "contrato de acogida y de integración para la familia" deberá ser firmada por los padres que se obligarán a seguir una formación sobre "los derechos y deberes con relación a sus hijos". En caso de que este contrato no sea respetado y a falta de asiduidad escolar, unas "medidas de acompañamiento" serán empleadas y que podrán ir hasta la puesta en tutela de las ayudas familiares.

Sobre el Asilo

El texto del proyecto de ley que comentamos comporta también algunas medidas que tocan al asilo.

Así, bajo la presión de una reciente jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos del Hombre que ha condenado, a la unanimidad, a Francia por defecto de recurso efectivo contra las decisiones de rechazo de la entrada al territorio para los demandadores de asilo a la frontera, los recursos dirigidos contra dichos rechazos de asilo dispondrán, a partir de ahora, de un carácter suspensivo de 24 horas.

De otra parte, el proyecto de ley coloca a la OFPRA (Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apátridas) –hasta hoy bajo la tutela del "Quai d'Orsay" (Ministerio de Relaciones Exteriores francés)– bajo la competencia del nuevo Ministerio de la Inmigración, de la Integración, de la Identidad Nacional y del Codesarrollo.

Este hecho nos hace deducir que la Comisión de Recursos de los Refugiados (CRR) que depende del presupuesto de la OFPRA se encontrará en los hechos bajo la tutela del nuevo Ministerio, cuando se sabe que la CRR, en razón de su rol jurisdiccional, debería lógicamente más bien, estar bajo la tutela del Ministerio de la Justicia.

Hay que constatar finalmente, de que estas disposiciones se inscriben, evidentemente, en el cuadro de los objetivos cifrados del actual gobierno francés en materia de inmigración (25,000 reconducciones a la frontera para el año 2007, dentro de los cuales Iván –el niño ruso "sin papeles" que acaba de salir del coma– es un lamentable ejemplo) y dentro del proceso de restricción de los derechos de los extranjeros que se encuentran o todavía no se encuentran en el territorio francés.

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Par angel.la-torre le 29/08/07

He escuchado que algunos extranjeros pueden hacer reexaminar su situación administrativa en Francia. ¿Puede decirme un poco más al respecto? Margarita P.

Debido a la ausencia de disposiciones transitorias entre la aplicación de la ley respecto a lo que constituía la decisión de Reconducción a la frontera (APRF) y la nueva OQTF (véase, al respecto, nuestro último post fechado con el día de ayer, martes 28 de agosto del 2007), los extranjeros que no pueden actualmente ser alejados del territorio francés deben ver su situación reconsiderada en lo que toca el derecho de residencia en Francia.

En efecto, luego que las disposiciones establecidas por los apartados 3 y 6 del artículo L.511-1 del CESEDA, han sido abrogadas el 28 de diciembre último pasado, ningún Prefecto en Francia no puede pronunciar más las tristemente célebres APRF como consecuencia del rechazo de una demanda de residencia o al momento de la renovación de un permiso de residencia. A partir de esa fecha sólo le es posible pronunciar dicho rechazo combinado de una OQTF.

Un vacío jurídico se presentó en consecuencia en este pasaje de la APRF a la OQTF en lo que se refiere a las decisiones de rechazo que cualquier Prefecto había pronunciado antes del 29 de diciembre del 2006 y sobre las cuales una OQTF no podía ser todavía adjuntada y para las cuales la aplicación de la APRF había desaparecido.

Para remediar esta situación, una circular del 22 de diciembre del 2006 preveía que los extranjeros que habían sido objeto de un rechazo de permiso de residencia y que habían sido notificados antes del 1° de enero del 2007 habían "objetivamente reunido, del hecho de su permanencia en Francia, la situación de la irregularidad de la residencia" y podían "en caso de interpelación, ser objeto, a partir de ese fundamento, de una APRF".

La aplicación de esta circular, sin embargo, a partir de mediados de enero del 2007 no prosperó puesto que algunos tribunales administrativos no admitieron esta situación y estimaron que el Prefecto cometía un error de derecho pues este último fundaba sus APRF sobre las disposiciones abrogadas del CESEDA y que por consecuencia la medida de alejamiento no tenia ninguna base legal válida.

Es a partir de entonces que el Gisti junto a dos otras asociaciones (la Asociación de defensa de los derechos de los extranjeros y la Liga de los derechos del hombre) hicieron suspender parcialmente esta circular, acudiendo mediante un proceso en urgencia ante el Consejo de Estado quien, el 15 de febrero del 2007, declaró que en lo que concierne el tratamiento de los rechazos de residencia pronunciados antes del 1° de enero del 2007, los extranjeros afectados no se encuentran de ese solo hecho, ni en la situación del extranjero entrado irregularmente al territorio francés ni tampoco en el caso del extranjero que ha entrado en Francia sin visa o, si esta dispensado de visa, que se ha mantenido en el territorio mas allá de tres meses sin demandar un titulo de residencia.

Así pues hay que resaltar que el Consejo de Estado decidió que, en la ausencia de disposiciones transitorias previstas por la ley y el decreto en Consejo de Estado que fue tomado para su aplicación, la circular no podía, sin infringir la legalidad, organizar el período transitorio. La aplicación de esta circular debía ser en consecuencia suspendida.

Ahora bien, tomando en consideración la decisión de justicia del Consejo de Estado que venimos de comentar, una nueva circular del 16 de febrero del 2007 ha abrogado pues entonces el punto 1 de la circular suspendida por el juez administrativo y ha precisado además que el solo hecho que un extranjero se haya visto rechazar o retirar un permiso de residencia y de haber sido invitado a abandonar el territorio francés antes del 1° enero del 2007, no es suficiente para hacerle entrar en el campo de aplicación del artículo L.511-1, II, 1° ó 2° del CESEDA.

En virtud de esta nueva circular y en el caso de que un extranjero no se encuentre dentro de una de las hipótesis previstas por los apartados 1° ó 2° precitados y que no puede ser objeto de una APRF, el Prefecto debe proceder a una reconsideración de su situación en lo que concierne el derecho a la residencia y tomar, si el extranjero no satisface a las condiciones requeridas, una nueva decisión de rechazo de admisión a la residencia susceptible de ser acompañada de una OQTF, en aplicación del articulo L.511-1, I del CESEDA.

Finalmente y por otro lado hay que señalar análogamente que, mediante una decisión de principio, el 6 de febrero del 2007 último, la Corte de Casación ha claramente condenado, por la primera vez, la interpelación de un extranjero sin papeles en la ventanilla de una Prefectura.

La Corte ha calificado esta práctica de "tramposa" para con el extranjero en situación irregular que recibe una convocación por motivo de una reconsideración de su situación en vista, en realidad, de interpelarlo.

La Alta Jurisdicción ha juzgado asimismo este hecho de "práctica desleal" y contraria al artículo 5, apartado 1, de la Convención Europea de Derechos del Hombre (CEDH).

Maître Angel LA TORRE

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Par angel.la-torre le 28/08/07

He leído algo sobre una nueva medida respecto al alejamiento de los extranjeros en Francia. ¿Puede explicarme un poco más al respecto?. Diego M.

Con mucho gusto.

Efectivamente, un nuevo Decreto adaptando el Código de Justicia Administrativa al CESEDA ha sido publicado en el Diario Oficial el 29 de diciembre del 2006. Se trata, entre otras medidas, de la Obligación de Abandonar el Territorio Francés (OQTF, por sus siglas en la lengua gala) y que es aplicable a partir del 30 de diciembre último pasado.

La OQTF es otorgada a todo extranjero que reciba una decisión prefectoral de rechazo o de retiro de un permiso de residencia en Francia. Este extranjero tendrá un mes, a partir de la fecha de la recepción de dicha OQTF, para abandonar el país o para interponer un recurso ante el Tribunal Administrativo competente.

Este plazo de un mes es inamovible y no es prorrogable aún cuando el extranjero presente un recurso gracioso o un recurso jerárquico, como era el caso anteriormente. De cualquier manera, pasado dicho mes y si el extranjero no ha hecho apelación contra esta decisión, la administración podrá ejecutar por la fuerza la decisión mencionada pudiendo, en consecuencia, interpelar el mismo extranjero y colocarlo en retención administrativa.

De otra manera, sólo un recurso contencioso interpuesto ante el Tribunal Administrativo correspondiente y dentro del límite de un mes a partir de la fecha de la decisión prefectoral contestada puede suspender la ejecución de dicha decisión en espera de la decisión del Tribunal Administrativo pronunciándose sobre dicho recurso.

Cabe recordar aquí la situación anterior, la misma que ya no es válida actualmente: El extranjero recibía una Invitación a Abandonar el Territorio Francés (IQTF, por sus siglas en francés) que podía ser objeto, sea de un recurso gracioso, sea de un recurso jerárquico o, sea de un recurso administrativo dentro de los dos meses de dicha decisión. Por otro lado, la Prefectura podía enviar al extranjero que no había abandonado el país dentro de un mes, una Decisión Prefectoral de Reconducción a la Frontera (APRF) que tenía un carácter conminatorio, contrariamente a la IQTF que era, como su mismo nombre lo indica, una simple invitación a abandonar el territorio francés dentro del plazo de un mes.

La OQTF actual reagrupa y se substituye a la IQTF y a la APRF notificada por correo que venimos de explicar para no constituir que una sola medida de alejamiento del territorio francés.

Las reconducciones a la frontera notificadas administrativamente; esto es, en manos propias, cuando el extranjero es interpelado en la vía publica o en una ventanilla de la prefectura, por ejemplo, subsisten y otorgan al extranjero un plazo reducido de 48 horas para introducir una apelación ante un Tribunal Administrativo competente que tiene, a su vez, 72 horas para pronunciarse sobre el recurso interpuesto. Pero con la salvedad de que la decisión no provenga de una decisión anterior de rechazo de residencia, en cuyo caso solamente una OQTF es posible.

En otras palabras, un extranjero que ha sido objeto de una decisión de rechazo o de retiro de una autorización de residencia en Francia y que ha obtenido esta decisión antes del 30 de diciembre ultimo pasado no puede ser objeto de un APRF a partir de esa fecha.

De otra parte, está demás recordar aquí que, a partir de la notificación de la OQTF, el extranjero puede beneficiar de la ayuda económica al retorno -implementada el año pasado por el gobierno actual- por intermedio de la ANAEM.

Hay que tener pues entonces bien presente que la OQTF tiene un valor de alejamiento "obligatorio" a partir del vencimiento del plazo de un mes de la fecha de su expedición si ningún recurso no ha sido interpuesto dentro de este plazo. Dicho de otra manera, la administración no tiene más la necesidad de tomar una nueva decisión para ejecutarla de fuerza, si es necesario, y de mantener al extranjero en retención administrativa y/o de reenviarlo a su país de origen.

Para terminar, el Decreto que comentamos ha asimismo introducido una reforma de las resoluciones de rechazo por inadmisibilidad manifiesta, conocidas también como resoluciones de "selección". Quiere decir que, a partir de ahora, el Presidente del Tribunal Administrativo tiene el poder de rechazar de oficio el recurso que será -a su juicio- mal redactado o mal argumentado, y todo esto, sin previa notificación ni emplazamiento al interesado.

Maître Angel LA TORRE

Avocat à la Cour

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