Par angel.la-torre le 16/06/15

Tengo cuatro años renovando mi “carte de séjour” anualmente. ¿Puedo cambiarla ahora por una “carte de résident”?. Isabel M.

En principio, el tiempo de residencia legal exigido para obtener una “carte de résident” (permiso de residencia de diez años) es de haber permanecido durante cinco años en Francia en tanto que titular de una “carte de séjour” (permiso de residencia temporaria de un año).

Un extranjero perteneciente al régimen general (o sea, casi todos los extranjeros en Francia) tendrá en consecuencia que esperarse un mínimo de cinco años renovando su “carte de séjour” anualmente durante todo este tiempo. A partir de ese momento (esto es, a la quinta renovación anual), él o ella podrá demandar la obtención de una “carte de résident” que estará supeditada a la observancia de las condiciones necesarias descritas en las siguientes líneas.

En efecto, la decisión de acordar la “carte de résident” a un extranjero está subordinada a su “intégration républicaine” en la sociedad francesa, principalmente, mediante la firma del Contrato de Acogida e Integración establecido por la OFII (Oficina Francesa de la Inmigración y de la Integración) y que comprende: el conocimiento suficiente de la lengua francesa, de un lado, así que el respeto de los principios de la República, de otro lado.

El Prefecto toma del mismo modo en consideración los hechos que el extranjero puede invocar en apoyo de su “intention de s’établir durablement en France”. De manera que, el inmigrante tendrá para comenzar que demostrar con pruebas escritas sus medios de existencia y las condiciones de su actividad profesional en este país durante los últimos cinco años. Su intención de implantarse duraderamente en Francia podrá establecerse adicionalmente, por ejemplo, mediante sus lazos familiares y personales en el Hexágono, la compra de un apartamento, la escolaridad de sus hijos, etc. 

Es necesario remarcar aquí el amplio poder de apreciación que goza el Prefecto para decidir sobre la aceptación o el rechazo de la demanda de cambio de “titre de séjour” formulada por un expatriado.

Excepcionalmente, un extranjero podrá sin embargo obtener de “pleno derecho” (quiere decir, automáticamente) la “carte de résident” en un tiempo reducido de tres años luego de haber beneficiado ininterrumpidamente durante ese período de una “carte de séjour”, en los casos siguientes: 

-Cuando el extranjero es cónyuge de una persona de nacionalidad francesa;

-Cuando el extranjero, cónyuge o hijo de menos de 19 años, ha llegado a Francia bajo el procedimiento de la reagrupación familiar que ha sido demandado por una persona titular, a su vez,  de la “carte de résident”; y

-Cuando el extranjero es padre o madre de un(a) niño(a) de nacionalidad francesa y ha permanecido en Francia con la “carte de séjour” que tiene la mención “vida privada y familiar”.

La “carte de résident” puede, asimismo, ser acordada excepcionalmente a la extranjera que beneficia de una “ordenanza de protección” por las violencias conyugales cometidas por su esposo, su pareja o concubino. El autor debe haber sido definitivamente condenado por la justicia. Es interesante resaltar que el Prefecto no puede, en este caso de figura, rechazar la expedición de la “carte de résident” demandada por la extranjera en razón de la ruptura de la vida común.

Mas excepcionalmente, la “carte de résident” puede ser otorgada:

-al extranjero que crea o salvaguarda, o se compromete a crear o salvaguardar al menos 50 empleos en Francia;

-al extranjero que efectúa o se compromete a efectuar en Francia una inversión en inmovilizaciones corporales o incorporales de al menos 10 millones de euros; y

-al extranjero que, aún cuando no llena completamente estos requisitos económicos, aporta una contribución económica excepcional en Francia a causa de sus características particulares o de la situación del territorio de empleo correspondiente.

En los últimos tres casos que acabamos de mencionar, el (la) cónyuge del extranjero puede beneficiar también de la “carte de résident”.

Para finalizar y resumiendo los propósitos expresados en el presente artículo podemos afirmar entonces que, contrariamente a lo que piensan muchos extranjeros, el cambio de la “carte de séjour” por la “carte de résident” no es de manera automática luego de cinco años de residencia legal en este país sino que está sujeto a ciertas condiciones, expuestas líneas arriba, y que las Prefecturas en este país tienen un gran campo de apreciación así que un poder discrecional vasto para decidir sobre la pertinencia de la demanda del cambio que nos ocupa presentada por un extranjero en Francia.

 

Maître Angel LA TORRE

Avocat au Barreau de PARIS

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El Dr. Ángel LA TORRE, el “abogado de los latinoamericanos en Francia”, atiende –previa cita– en su Despacho ubicado en la dirección siguiente: 186 Avenue de Versailles en PARIS (75016), Métro Porte de Saint-Cloud Parc des Princes (línea 9).

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Par angel.la-torre le 07/01/14

Cómo dejar de comentar el caso de Leonarda Dibrani, la adolescente de origen kosovar, cuando este asunto ha dado la vuelta al mundo. En América latina, donde me encuentro al momento de escribir estas líneas, esta cuestión ha dado también, aunque parezca mentira, mucho que hablar aunque ─evidentemente─ sin la efervescencia social ni la tempestad política que causó en Francia.

Para iniciar nuestro artículo, plantemos los hitos y delimitemos el debate desde un punto de vista jurídico:

En efecto, para comenzar es necesario saber que los menores de edad en Francia no están obligados a poseer un documento de identidad especial (contrariamente a los mayores de edad) para justificar su residencia legal en el país. Era el caso de Leonarda Dibrani que estaba escolarizada desde hacía 3 años en el hexágono.

Es necesario saber también que las expulsiones y las deportaciones se hacen “nominativamente” contra los adultos y que los menores están protegidos contra este tipo de medidas de alejamiento forzado del territorio.

El caso que comentamos es entonces una torpeza o un exceso de celo de parte de las autoridades en contra de la joven kosovar. Efectivamente, la interpelación de la menor efectuada a bordo de un bus escolar es grave no solo por lo inopinado de la medida sino también porque el hecho es chocante e injusto en sí.

De otro lado, el exceso de mediatización sobre el caso ─debido probablemente a las justas protestas estudiantiles, para los que resultaba odioso lo ocurrido─ hizo que inclusive intervenga con un teledifundido mensaje a la nación, a nuestro juicio, inapropiado, el Presidente François Hollande, hecho inédito por un caso de esta naturaleza en la historia del país galo.

Efectivamente, más allá del aspecto jurídico que venimos de ver, todo el show mediático con este “affaire” fue desmesurado y hasta abusivamente exagerado. A nuestro parecer, como decíamos, la intervención del jefe de Estado no se justificó pues el poder de policía no lo competía directamente y que el mismo era una de las prerrogativas prefectorales que tiene sus propios cánones y que podía, dentro de los plazos establecidos por la ley, ser contestado legítimamente ante el Tribunal Administrativo correspondiente. La prueba es que la abogada de la familia Dibrani ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Administrativo de Besançon contra la OQTF (Obligación de Abandonar el Territorio Francés, por sus siglas en francés) pronunciada frente a ellos por la Prefectura de Doubs,. Así, una Audiencia ha sido ya programada por este órgano judicial para el martes 7 de enero de 2014.

En otras palabras, una decisión prefectoral es autónoma y está sujeta a contestación ante el Tribunal Administrativo competente para examinar la anulación de la medida administrativa. Esto no quita en nada, por supuesto, el hecho abusivo e injustificado del método utilizado y que nos choca realmente.

Ahora bien, pretender que ella regrese sola y sin su familia a Francia es un presidencial desliz pues es evidente que la razón de su partida fue una suerte de resultante de lo que en derecho de la nacionalidad se llama el “efecto colectivo” para los menores que aún dependen de sus padres como era el caso en la familia que comentamos.

Pero, aparte del abuso (confesado sin ambigüedades por Resat Dibrani, el padre de Leonarda) a la generosidad de acogida de la República francesa mediante el mecanismo del derecho de Asilo, este asunto nos demuestra las fallas del sistema y ha servido para un replanteamiento de este dispositivo en Francia.

Así, el ministro del Interior, Manuel Valls, ha manifestado el 23 de octubre último que desea reformar en profundidad las demandas de Asilo en Francia especialmente en lo que se refiere a la reducción de los plazos de tratamiento de los expedientes de los demandadores de Asilo. El ministro desea de esta forma dividir por 2 el tiempo necesario al examen de dichas demandas con el objetivo de pasar de 16 meses en promedio actualmente a 6 o 9 meses dentro de poco.

Otra consecuencia de este “affaire” es también el hecho que hoy el UMP (ahora en la oposición) desee limitar el acceso a la nacionalidad francesa a los hijos de los sin papeles y anuncie la presentación durante el presente mes de diciembre de un proposición de ley en ese sentido. Asimismo quieren pedir el desmantelamiento de la A.M.E. (Ayuda Médica de Estado), medida médico-social en favor de los extranjeros sin papeles y para cuya obtención los beneficiarios están sujetos a algunas condiciones de recursos y de residencia en Francia.

Por otro lado, la sobre exposición mediática del caso que comentamos, que mezclaba la tele realidad con un programa de variedades televisuales que podía llamarse, parodiando el título de un cuento del genial García Márquez, “la increíble y triste historia de la cándida Leonarda y de su padre desalmado”, de un lado, y la politiquería y demagogia, de otro lado, nos hizo ver que lo más rescatable de este asunto fue la movilización ciudadana (estudiantil, en particular) y que nos demostró que en la patria de los derechos humanos se está siempre atento a protestar por cualquier hecho que vulnere los derechos individuales. A ese propósito, desde aquí aprovechamos para rendir homenaje al noble rol que despliega la asociación RESF (Red Educación Sin Fronteras) que, desde el año 2004, actúa justamente para hacer frente a los abusos en contra de los menores extranjeros escolarizados en Francia. Del mismo modo, podemos remarcar que este asunto ha dado mucho que hablar y ha sacado a la luz las fallas del sistema, particularmente en lo que concierne el procedimiento del derecho de Asilo, cuestionando el tratamiento de este principio de orden constitucional en Francia.

Para concluir, visto el exceso de celo manifestado y la “falta de discernimiento” evidenciado, una instrucción relativa a la “prohibición de intervención de las fuerzas de policía y de gendarmería en el marco escolar durante el curso de procesos de alejamiento del territorio” ha sido dirigida por el ministro del Interior el 19 de octubre último pasado a todos los Prefectos de los departamentos franceses con el objeto de prohibir en cualquier circunstancia la interpelación de los estudiantes dentro y fuera de los establecimientos escolares. Se consagra entonces la “santuarización” del recinto de la escuela en Francia. Una buena medida, a nuestro juicio, en razón del reconocido principio del “interés superior del menor” en causa dentro de todo asunto familiar.

Maître Angel LA TORRE

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Par angel.la-torre le 12/11/13

El viernes 13 de septiembre último pasado, el Presidente François Hollande ha prometido un « Pacto de Dignidad » en favor de los extranjeros sin papeles en Francia al grupo de representantes de las 7 asociaciones que lo habían visitado ese día en el Palacio del Elíseo (ATD-Quart Monde, CCFD-Terre Solidaire, Cimade, Emmaüs, Fnars, Médecins du Monde y Secours Catholique) para manifestarle de viva voz sus inquietudes frente al recrudecimiento de las actitudes de rechazo y de marginalización que se manifiestan actualmente contra los extranjeros en general y contra los Roms, en particular.

En efecto, estas últimas semanas el acoso mediático y polémico ha sido en torno a la situación de esta población (búlgara y rumana) en Francia. Así, a las declaraciones de Manuel Valls sobre el hecho que « los Roms no quieren integrarse », el ministro de la Recuperación productiva Arnaud Montebourg ha deplorado las posiciones adoptadas por su colega del Interior y la ministra de la Vivienda Cécile Duflot (EELV-Europa Ecología Los Verdes) ha manifestado que las declaraciones de Valls amenazan el « Pacto Republicano ».

Pero lo que no dicen es que Bulgaria y Rumania (países de donde proceden los Roms) forman parte de la Unión Europea y que el 1ero de Enero de 2014 estos países pasarán a beneficiar de la entera libertad de circulación de sus trabajadores respectivos. Recordemos que luego de la adhesión de estos países a la Unión Europea el 1ero de Enero de 2007, la organización internacional a vocación regional les había impuesto un plazo de 7 años para que los 30 millones de habitantes de esos países puedan favorecerse de ese derecho. Ahora Francia y otros países de Europa temen una “invasión” de esas poblaciones, pero esa es una historia que sobrepasa y nos aleja de nuestro sujeto del presente mes.

En efecto, volviendo al « Pacto de Dignidad » propuesto por el Presidente de la Republica, se tratará de un Pacto que debe ser respetado en relación a todos los franceses y a todos los extranjeros en Francia más allá de los estatutos administrativos de estos últimos. El responde a la demanda de las asociaciones mencionadas que le manifestaron su preocupación respecto a la política actualmente puesta en marcha por el gobierno y al que hace falta una visión y una afirmación clara de los principios fundadores de una inmigración que favorezca el « vivir juntos » en Francia.

El Presidente Hollande ha insistido asimismo sobre el hecho que la discusión sobre los extranjeros en Francia debe ser tratada según las reglas del derecho común, en particular en lo que respecta el acceso a la justicia, a la vivienda, a la salud, a la escuela y que el conjunto de estos sujetos exigirá, llegado el momento, de la intervención de varios ministerios.

François Hollande ha prometido también simplificar y acelerar los procedimientos de regularización de los extranjeros sin papeles en Francia. Él ha ofrecido demandar a los Prefectos para que aseguren una aplicación uniforme sobre todo el territorio de la circular de agosto 2012 sobre las condiciones de contrato y el marco de las evacuaciones de campamentos ilícitos con garantías sociales para los Roms, a los que mencionamos líneas arriba.

En un comunicado, las asociaciones afirman, de otra parte, que « los mensajes ambiguos y la falta de visión del conjunto de estos últimos meses no han suscitado verdaderamente la ‘pacificación', sino más bien instalado la duda y la ansiedad en las personas interesadas ». Ellas añaden que « el gobierno debe mostrarse más ambicioso en cuanto a las reformas y a las medidas en preparación, tanto en el contenido como en el ‘tempo' ».

Así, el título de residencia plurianual y la reforma de la retención de los extranjeros sin papeles debían ser presentados en el Parlamento antes del verano 2013, pero el ministro del Interior Manuel Valls ha decidido añadir un nuevo capítulo referente al Asilo y que ha retardado esta presentación que se hará a la Asamblea Nacional, en el mejor de los casos, a fines del presente año. Este arsenal legislativo no deberá ser aprobado entonces antes de las próximas elecciones municipales que se llevarán a cabo en Francia el 23 y el 30 de marzo de 2014.

Por otro lado, la Cimade acaba de publicar, el 24 de septiembre último pasado, un interesante Reporte de Observación sobre los 7 primeros meses de aplicación de la circular del 28 de noviembre de 2012 relativa a la admisión a la residencia de los extranjeros sin papeles en Francia (sobre la circular Valls, véase nuestro artículo en LAD n° 138 de Diciembre de 2012, págs. 38-40).

Es importante recordar aquí que, según estimaciones de la OIT (Organización Internacional de Trabajo), la cantidad de personas sin papeles en Francia ascendería a cerca de 400 000 personas, el 90 % de los cuales serían asalariados « al negro », lo que constituye en realidad una gran pérdida para el Estado en la recaudación de las contribuciones sociales.

Finalmente, luego del « Pacto Republicano » y del « Pacto de competitividad » del actual gobierno, ahora tendremos un flamante « Pacto de Dignidad » en Francia. Let's wait and see*.

*Esperemos para ver.

Maître Angel LA TORRE

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Par angel.la-torre le 18/10/13

Un flamante decreto del 16 de agosto de 2013 último relativo al proceso aplicable ante la Corte Nacional del Derecho de Asilo ha revisado el título III del libro VII del CESEDA (Código de la Entrada y de la Residencia de los Extranjeros y del Derecho de Asilo).

Un rápido sobrevuelo de las características de aplicación de dicho decreto (de solo 3 artículos) y de aplicación inmediata (a partir del 19 de agosto último, salvo la entrada en vigor de algunos artículos para el 30 de abril de 2014 y para el 1ero de febrero de 2015 próximos como fechas límites) nos permite apreciar que:

En lo que a las características del depósito de los recursos se refiere, el decreto modifica varios puntos de la instrucción de los expedientes. Así, las resoluciones tomadas por el Presidente de la Corte o por los presidentes de formación que hasta el día de hoy estaban circunscritos a los desistimientos, a los sobreseimientos a resolverse y a la inadmisibilidad manifiesta non susceptible de ser regularizada podrán asimismo a partir de ahora aplicarse a los recursos que no satisfagan a la competencia de la Corte o que no presenten ningún elemento serio. En este último caso, el demandador de asilo deberá haber sido puesto en conocimiento de los documentos del expediente y el asunto deberá haber sido examinado por un ponente. De otro lado, si el recurso sufre de una inadmisibilidad susceptible de ser cubierta después de la expiración del plazo de recurso, la Corte no la podrá rechazar señalando de oficio esta inadmisibilidad luego de haber invitado su autor a regularizarlo dentro de un plazo impartido que, salvo urgencia, no podrá ser inferior a 15 días.

El decreto subordina asimismo el depósito de un recurso a una multiplicidad de dificultades formales como la enumeración de los documentos, la traducción de los documentos presentados en lengua original traducidos al francés, la traducción certificada para los actos del estado civil, judicial y de policía, etc.

En lo que a las características de la instrucción se refiere, el decreto reforma varios puntos de la misma, como la comunicación con el abogado del demandador de asilo, las modalidades de comunicación del aviso de cierre de la instrucción, de recepción del recurso, de la audiencia y de la decisión. Asimismo el decreto precisa que el presidente de la formación de juzgamiento o de la Corte fija la fecha de cierre de la instrucción. En el caso en el que las partes sean informadas 2 meses antes de la audiencia, la instrucción escrita se cierra 10 días francos antes de la fecha de la audiencia. En los otros casos, la instrucción se cierra 5 días antes de la audiencia. Una novedad es que el decreto autorizará la producción de documentos luego del cierre de la instrucción. Hasta hoy esta posibilidad no estaba autorizada, salvo reapertura de la instrucción. Del mismo modo, la producción de los documentos originales previamente comunicados en copia podrá ser admisible hasta el final de la audiencia.

En lo que a las características de la audiencia se refiere, el decreto ordena que la Corte ponga gratuitamente a disposición del demandador de asilo un intérprete para asistirlo en la audiencia. El decreto indica asimismo que la lista de la audiencia es publicada en la puerta de la sala. La audiencia es pública y el presidente de la formación de juzgamiento es el encargado de velar al orden en la sala y a dirigir los debates. De manera que las personas que asistan a la audiencia deberán observar una actitud digna y guardar el respeto debido a la justicia. Así les está prohibido hablar, hacer señales de aprobación o de desaprobación o de causar desórdenes en la sala. El presidente puede hacer expulsar toda persona que no obedezca a sus órdenes, sin perjuicio de las acciones penales o disciplinarias que podrán ser ejercidas en su contra. Él puede ordenar, si una parte lo solicita o si él estima útil, en razón de las circunstancias del caso, que la audiencia se realice a puerta cerrada.

El ponente da lectura a su informe que analiza el objeto de la demanda y los elementos de hecho y de derecho expuestos por las partes y menciona los elementos propios a aclarar el debate, sin tomar partido sobre el sentido de la decisión. Esta posibilidad era hasta hoy posible y el ponente terminaba normalmente su exposición dando su opinión sobre el hecho de rechazar o no el recurso presentado.

Luego de la lectura del informe, salvo si el abogado del demandador de asilo pide la palabra, la formación de juzgamiento puede hacer las preguntas que estime necesarias a las partes en presencia. El presidente da la palabra al demandador de asilo y al representante de la OFPRA (Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apátridas).

Asimismo, la parte que ha recibido ─ 7 días antes del cierre de la instrucción─ una escritura o nuevos documentos, puede presentar a la audiencia toda observación oral que estime útil para responder a dicha escritura o a dicha presentación de nuevos documentos.

La formación de juzgamiento delibera fuera de la presencia de las partes y el ponente no tiene voto deliberante.

La decisión es tomada a la mayoría de los votos

Las personas que participen a la deliberación están sometidas a la obligación de respetar el secreto bajo sanción penal.

Asimismo, el miembro de la formación de juzgamiento que supone en su persona una causa de recusación o estima en consciencia deber abstenerse podrá hacerse remplazar por otro miembro que designe el presidente de la Corte.

Asimismo, una parte que desde recusar un miembro de una formación de juzgamiento debe, a pena de inadmisibilidad, hacerlo por un acto especial remitido a la Corte desde que tenga conocimiento de la causa de recusación. Este acto especial indica con precisión los motivos de la recusación y es acompañado de los documentos que lo justifiquen. En ningún caso, la recusación no puede ser formada luego del fin de la audiencia.

El miembro recusado hace conocer por escrito, sea su consentimiento a la recusación, sea los motivos por los que él se opone a la misma.

Como acabamos de ver, el proceso ante la CNDA ha sido profundamente corregido por el decreto que comentamos y que ha codificado, al mismo tiempo, varios aspectos jurisprudenciales que se aplicaban ya en esta jurisdicción.

Maître Angel LA TORRE

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Par angel.la-torre le 03/03/13

Lamentablemente cuando hablamos de extranjeros “sin papeles”, hablamos también del drama humano de muchas personas que luchan por sobrevivir en condiciones dignas en un país que no es el suyo y de otras personas sin escrúpulos que están justamente tratando de sacar provecho de esta situación. En primer lugar de ellos -y antes que el futuro extranjero abandone su país de origen- los famosos “barqueros” (passeurs) y, por otro lado, los negociantes de seres humanos. Ambos viven de estas actividades ilegales.

Enseguida y una vez llegados a Francia -país donde vivimos- hay muchos “patrones” que en el sector de la construcción, por ejemplo, abusan de ellos (especialmente de los hombres) para tratarlos a su antojo y aprovecharse de los mismos no pagándoles el sueldo y hacerles creer que les están haciendo un favor cuando en realidad son estos “patrones” indelicados quienes, al no pagar las cargas sociales patronales correspondientes, se están enriqueciendo a espaldas del trabajador inmigrante indocumentado en Francia.

Otro sector en causa es el de los servicios a los particulares que utilizan la mano de obra extranjera (especialmente de las mujeres) para hacer la limpieza en las casas u oficinas, ocuparse de las labores domésticas como el lavado y el planchado de la ropa, el cuidado de los hijos o de las personas de la tercera edad. En este sector hay algunos abusos que pueden asimilarse a lo que se llama la “esclavitud moderna” sancionada penalmente. Estos tratos inhumanos suceden a veces muy cerca de nosotros y no hay que dudar en denunciarlos, sobre todo cuando se vive en la tierra de los “derechos del hombre”.

Como es natural, los extranjeros “sin papeles” (tanto hombres como mujeres) aspiran a enderezar su situación administrativa en el país donde viven y son, muchas veces, víctimas de “piratas” que les prometen obtenerles los papeles contra el pago de una remuneración por una prestación ilegal. Esta piratería puede ejercerse en la constitución de expedientes de regularización así como en el falso asesoramiento legal de las demandas de asilo en las que los “filibusteros del derecho” llegan hasta a recuperar, como una suerte de cupo, una parte del dinero que el Estado destina como ayuda a los demandadores de asilo, por ejemplo.

Es entonces, particularmente dentro del marco del derecho de los extranjeros en Francia que nos ocupa, que hemos confeccionado una lista a fin de evitar una estafa de esta índole:

 Nunca pague por los formularios en blanco expedidos por la administración francesa. Estos formularios son completamente gratuitos. Puede obtener los formularios CERFA oficiales en la siguiente dirección web: www.service-public.fr/formulaires

 Obtenga información sobre inmigración en sitios web oficiales (prefecturas, Ofpra, Cnda...). Algunos estafadores crean sitios web que tienen un aspecto similar a los sitios web oficiales para engañar y embaucar al público. Asegúrese de controlar que el domicilio de cualquier sitio web que sea parecido a los del gobierno termine en .gouv o en .fr

 No permita que nadie se quede con sus documentos originales, como su partida de nacimiento o su pasaporte. Si lo hace, puede que los estafadores los retengan en su posesión hasta que usted les pague lo que le reclaman.

 Nunca firme un formulario en blanco o antes de llenarlo completamente, ni tampoco firme un formulario con información falsa pues usted compromete su responsabilidad que puede ser muy grave llegado el momento. Nunca firme tampoco un documento cuyo contenido no entiende completamente.

 Guarde una copia de todos los formularios que haya llenado y que vaya a presentar a la administración francesa y que constituyen una prueba de su demanda o petición.

 Cuando presente sus papeles, la administración francesa le dará un recibo (récépissé). Por precaución saque una copia de este recibo por si se le extraviara el original.

Esté entonces siempre vigilante ante los “piratas del derecho” y no se confíe de las promesas de personas que no están habilitadas a ejercer en tanto que abogados en Francia. Para ejercer esta profesión hay que estar inscrito en un Colegio de Abogados y figurar en la lista de los abogados hábiles. Así, para los abogados inscritos en el Colegio de Abogados de Paris, existe un anuario de abogados autorizados a ejercer esta profesión y que usted puede encontrar en el sitio web siguiente: www.avocatparis.org/annuaire-barreau-paris.html

El Colegio de abogados de París, justamente, acaba de decidir perseguir a los “cazadores furtivos” (braconniers) del derecho y a los falsos abogados. Dicha institución recomienda no confiar en las proposiciones tarifarias anormalmente bajas (300 euros por un divorcio, por ejemplo) y en las exigencias de pagos en línea, así como en la ausencia de un contacto personalizado con el abogado.

Hay que saber, por otro lado, que el ejercicio ilegal de la profesión de abogado es sancionado penalmente en Francia y que aquellos que usurpan este título incurren hasta un año de prisión y 15,000 euros de multa.

Para mayores informes al respecto visite el sitio web siguiente: www.garantieavocat.org/index.php y si tiene dudas sobre la legalidad de un sitio web jurídico contacte el Colegio de Abogados de París al teléfono: 01.80.27.03.15

Angel LA TORRE

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juin
06

La OQTF

Par angel.la-torre le 06/06/11

La Obligación de Abandonar el Territorio Francés (OQTF, por sus siglas en francés) es aplicable en Francia desde el 30 de diciembre del 2006.

Esta decisión prefectoral engloba, en realidad, 3 decisiones distintas:

1) El rechazo del título de residencia en Francia;

2) La resolución de reconducción a la frontera; y

3) La decisión sobre el país de reenvío del extranjero.

Todo extranjero que recibe una decisión prefectoral de rechazo o de retiro de un permiso de residencia en Francia es, en consecuencia, el destinatario de una OQTF. Dicho extranjero tiene un mes, a partir de la fecha de la recepción de dicha OQTF, para abandonar el país o para interponer un recurso ante el Tribunal Administrativo competente.

Este plazo de un mes es inamovible y no es prorrogable aún cuando el extranjero presente un recurso gracioso o un recurso jerárquico, como era el caso anteriormente.

De cualquier manera, pasado dicho mes y si el extranjero no ha hecho apelación contra esta decisión, la administración francesa podrá ejecutar por la fuerza la decisión mencionada pudiendo, en el peor de los casos, interpelar el mismo extranjero y colocarlo en retención administrativa.

De otra manera, sólo un recurso contencioso interpuesto ante el Tribunal Administrativo correspondiente y dentro del límite de un mes a partir de la fecha de recepción de la decisión prefectoral contestada puede suspender la ejecución de dicha decisión en espera de la sentencia del Tribunal Administrativo que deberá pronunciarse sobre dicho recurso.

Cabe recordar la situación anterior, la misma que ya no es válida actualmente: El extranjero recibía una Invitación a Abandonar el Territorio Francés (IQTF, por sus siglas en francés) que podía ser objeto, sea de un recurso gracioso, sea de un recurso jerárquico o, sea de un recurso administrativo dentro de los dos meses de dicha decisión. Por otro lado, la Prefectura podía enviar al extranjero que no había abandonado el país dentro de un mes, una Decisión Prefectoral de Reconducción a la Frontera (APRF, por sus siglas en francés) que tenía un carácter conminatorio, contrariamente a la IQTF que era, como su mismo nombre lo indica, una simple invitación a abandonar el territorio francés dentro del plazo de un mes.

La OQTF en vigor actualmente reagrupa y se substituye a la IQTF y a la APRF notificada por correo que venimos de explicar y constituye una sola medida administrativa de alejamiento del territorio francés.

Las reconducciones a la frontera notificadas administrativamente; esto es, en manos propias, cuando el extranjero es interpelado en la vía publica o en una ventanilla de la prefectura -por ejemplo- subsisten y otorgan al extranjero un plazo reducido de 48 horas para introducir una apelación ante el Tribunal Administrativo competente que tiene, a su vez, 72 horas para pronunciarse sobre el recurso interpuesto.

De otra parte, a partir de la notificación de la OQTF, el extranjero puede beneficiar de la ayuda económica al retorno por intermedio de la OFFI (Oficina Francesa de la Inmigración y de la Integración).

Resumiendo, hay que tener entonces bien presente que la OQTF tiene un valor de alejamiento “obligatorio” a partir del vencimiento del plazo de un mes de la fecha de su recepción si ningún recurso no ha sido interpuesto dentro de este plazo. Dicho de otra manera, la administración no tiene necesidad de tomar una nueva decisión para ejecutarla de fuerza, si es necesario, y de mantener al extranjero en retención administrativa y/o de reenviarlo a su país de origen.

No hay que olvidar, finalmente, que las resoluciones de rechazo por inadmisibilidad manifiesta, conocidas también como resoluciones de “clasificación”, pueden ser decididas por el Presidente del Tribunal Administrativo que tiene el poder de rechazar de oficio el recurso que sea -a su juicio- mal redactado o mal argumentado, y todo esto, sin previa notificación ni emplazamiento al interesado.

Maître Angel LA TORRE

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