Par angel.la-torre le 05/07/11

Luego de una batalla jurídica importante e inmediatamente luego de que el Consejo Constitucional la haya declarado parcialmente conforme a la constitución francesa, el 9 de junio 2011, la nueva ley relativa a la inmigración, a la integración y a la nacionalidad ha podido ser definitivamente aprobada el 16 de junio último pasado y publicada en el Diario Oficial de la República Francesa (JORF, por sus siglas en francés) al día siguiente.

Esta nueva ley es la transposición en derecho francés de 3 directivas europeas: La directiva “Retorno”, la directiva “Tarjeta Azul” y la directiva “Sanciones”.

De manera que ella modifica, en consecuencia, ostensiblemente el tratamiento de las medidas de alejamiento de los extranjeros del territorio francés y, particularmente, la Obligación de Abandonar el Territorio Francés (OQTF, por sus siglas en francés), y marca la desaparición - al menos de nombre - de la APRF (Decreto Prefectoral de Reconducción a la Frontera, por sus siglas en francés), medidas administrativas de las que hablamos el mes pasado.

Asimismo esta nueva ley, entre otras medidas, confirma la utilización de una OQTF contra un ciudadano de un país miembro de la Unión Europea dentro de un marco especifico, fusiona la OQTF con la APRF, crea la “prohibición del territorio”, prevé las condiciones de la asignación a residencia de los extranjeros, legisla sobre el régimen de la retención administrativa así como sobre la intervención del juez judicial durante el proceso de alejamiento del extranjero.

Ella da también paso a una nueva especie de OQTF. Este nuevo género de OQTF tendrá 2 formas:

La OQTF “con plazo” de salida voluntaria.

Es la OQTF que otorga 30 días al extranjero para poder efectivamente abandonar el país dentro de ese período de tiempo. A título “excepcional” un plazo adicional le podrá ser acordado. Esta OQTF puede ser objeto de un recurso contencioso ante el tribunal administrativo competente dentro de los 30 días a partir de su notificación.

La OQTF “sin plazo” de salida voluntaria.

Es la OQTF “seca” que es la que en realidad va a remplazar la APRF. Esta OQTF que deberá ser la excepción de acuerdo a la directiva “Retorno” que pregona el principio de una salida voluntaria de los extranjeros, es la que debe ser ejecutada desde su notificación y puede ser objeto de un recurso contencioso ante el tribunal administrativo competente que debe ser ejercido dentro de las 48 horas de su notificación.

La notificación de estas medidas puede hacerse en la ventanilla de la prefectura o por correo certificado y la decisión administrativa tomada por el Prefecto no tiene que ser necesariamente motivada.

El recurso administrativo contra estas medidas tiene que ser introducido ante el Tribunal administrativo territorialmente competente de la Prefectura que ha tomado la medida. El recurso pone en suspenso la ejecución de la medida hasta que el juez administrativo dictamine al respecto. En otras palabras, el extranjero que ha introducido el recurso no puede ser alejado del territorio francés durante este periodo.

El juez administrativo debe resolver el recurso de anulación que se le ha presentado dentro de los 3 meses para estas dos medidas, pero en el caso de la OQTF “sin plazo” de salida voluntaria este magistrado debe decidir dentro de las 72 horas si el extranjero ha sido colocado en retención administrativa o si ha sido asignado a residencia.

La ley crea además una “prohibición de retorno” de 2 años como máximo contra el extranjero que no podrá regresar a Francia ni a ningún otro territorio de un país miembro de la Unión Europea en caso que el mismo haya rechazado partir a su país de origen dentro del periodo de 30 días que le ha sido notificado con su OQTF “con plazo” de salida voluntaria o que ha regresado ilegalmente, salvo por “razones humanitarias”.

Esta nueva medida de policía administrativa será de 3 años si el extranjero es destinatario de una OQTF “sin plazo” de salida voluntaria.

De la misma forma, esta nueva “prohibición de retorno” que acompaña la OQTF deberá ser tomada por el Prefecto teniendo en consideración la antigüedad de la residencia del extranjero en Francia, de sus lazos familiares, de sus antecedentes y de la amenaza que representa por el orden público.

El Prefecto podrá no obstante, a todo momento, abrogar la medida si el extranjero reside fuera del territorio francés. Esta medida de abrogación es de pleno derecho para el extranjero que ha abandonado el territorio francés y ha ejecutado su OQTF “con plazo” de salida voluntaria.

Hay que resaltar asimismo que la nueva ley aumenta de 32 días, como es el caso actualmente, a 45 días el plazo máximo de retención administrativa.

De otro lado, la participación del Juez de las Libertades y de la Detención (JLD) en el tratamiento del contencioso del alejamiento de los extranjeros en Francia ha sido prolongada. Ahora su intervención se hará a los 5 días posteriores a la fecha que el extranjero ha sido colocado en un centro de retención administrativa y no dentro de las 48 horas como era el caso hasta ahora. Su intervención será entonces a posteriori de la participación del juez administrativo que es competente sobre la regularidad de la medida de alejamiento del territorio.

Así, el juez administrativo deberá tomar una decisión sobre la regularidad de la medida de alejamiento antes que el juez judicial pueda, por su parte, pronunciarse sobre la regularidad del procedimiento de colocación del extranjero en retención administrativa.

La nueva ley limita además los motivos de liberación del JLD a los ataques substanciales a los “derechos del extranjero”. La noción de este último concepto no ha sido, sin embargo, definido por el legislador dentro de la nueva ley.

Es importante señalar finalmente que, como lo acabamos de ver, la nueva ley -que modifica por enésima vez el Código de Entrada y de Residencia de los Extranjeros y el Derecho de Asilo (CESEDA, por sus siglas en francés)- deberá completarse con una serie de decretos de aplicación que, al momento del cierre de este artículo, no han sido publicados todavía.

Maître Ángel LA TORRE

Abogado a la Corte de PARIS

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juin
06

La OQTF

Par angel.la-torre le 06/06/11

La Obligación de Abandonar el Territorio Francés (OQTF, por sus siglas en francés) es aplicable en Francia desde el 30 de diciembre del 2006.

Esta decisión prefectoral engloba, en realidad, 3 decisiones distintas:

1) El rechazo del título de residencia en Francia;

2) La resolución de reconducción a la frontera; y

3) La decisión sobre el país de reenvío del extranjero.

Todo extranjero que recibe una decisión prefectoral de rechazo o de retiro de un permiso de residencia en Francia es, en consecuencia, el destinatario de una OQTF. Dicho extranjero tiene un mes, a partir de la fecha de la recepción de dicha OQTF, para abandonar el país o para interponer un recurso ante el Tribunal Administrativo competente.

Este plazo de un mes es inamovible y no es prorrogable aún cuando el extranjero presente un recurso gracioso o un recurso jerárquico, como era el caso anteriormente.

De cualquier manera, pasado dicho mes y si el extranjero no ha hecho apelación contra esta decisión, la administración francesa podrá ejecutar por la fuerza la decisión mencionada pudiendo, en el peor de los casos, interpelar el mismo extranjero y colocarlo en retención administrativa.

De otra manera, sólo un recurso contencioso interpuesto ante el Tribunal Administrativo correspondiente y dentro del límite de un mes a partir de la fecha de recepción de la decisión prefectoral contestada puede suspender la ejecución de dicha decisión en espera de la sentencia del Tribunal Administrativo que deberá pronunciarse sobre dicho recurso.

Cabe recordar la situación anterior, la misma que ya no es válida actualmente: El extranjero recibía una Invitación a Abandonar el Territorio Francés (IQTF, por sus siglas en francés) que podía ser objeto, sea de un recurso gracioso, sea de un recurso jerárquico o, sea de un recurso administrativo dentro de los dos meses de dicha decisión. Por otro lado, la Prefectura podía enviar al extranjero que no había abandonado el país dentro de un mes, una Decisión Prefectoral de Reconducción a la Frontera (APRF, por sus siglas en francés) que tenía un carácter conminatorio, contrariamente a la IQTF que era, como su mismo nombre lo indica, una simple invitación a abandonar el territorio francés dentro del plazo de un mes.

La OQTF en vigor actualmente reagrupa y se substituye a la IQTF y a la APRF notificada por correo que venimos de explicar y constituye una sola medida administrativa de alejamiento del territorio francés.

Las reconducciones a la frontera notificadas administrativamente; esto es, en manos propias, cuando el extranjero es interpelado en la vía publica o en una ventanilla de la prefectura -por ejemplo- subsisten y otorgan al extranjero un plazo reducido de 48 horas para introducir una apelación ante el Tribunal Administrativo competente que tiene, a su vez, 72 horas para pronunciarse sobre el recurso interpuesto.

De otra parte, a partir de la notificación de la OQTF, el extranjero puede beneficiar de la ayuda económica al retorno por intermedio de la OFFI (Oficina Francesa de la Inmigración y de la Integración).

Resumiendo, hay que tener entonces bien presente que la OQTF tiene un valor de alejamiento “obligatorio” a partir del vencimiento del plazo de un mes de la fecha de su recepción si ningún recurso no ha sido interpuesto dentro de este plazo. Dicho de otra manera, la administración no tiene necesidad de tomar una nueva decisión para ejecutarla de fuerza, si es necesario, y de mantener al extranjero en retención administrativa y/o de reenviarlo a su país de origen.

No hay que olvidar, finalmente, que las resoluciones de rechazo por inadmisibilidad manifiesta, conocidas también como resoluciones de “clasificación”, pueden ser decididas por el Presidente del Tribunal Administrativo que tiene el poder de rechazar de oficio el recurso que sea -a su juicio- mal redactado o mal argumentado, y todo esto, sin previa notificación ni emplazamiento al interesado.

Maître Angel LA TORRE

Avocat au Barreau de PARIS

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Par angel.la-torre le 19/01/08

Il a passé sa carrière à plaider la régularisation de centaines d'étrangers. C'est à son tour d'être menacé d'une expulsion. Le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé, le 1er octobre, à Me Abdoulaye Coulibaly, un avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence depuis vingt-huit ans, un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Un territoire sur lequel cet avocat malien vit, sans anicroches, depuis... 1962, date à laquelle il s'était inscrit à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. A cette époque-là, il avait 25 ans et la carte de séjour n'avait pas encore été instaurée.

Pour Jean-François Leca, bâtonnier d'Aix, "on marche sur la tête. Mon confrère exerce depuis trente ans, on le voit plaider ses dossiers tous les jours. A croire qu'à la préfecture, il faut faire du chiffre. Plus personne n'est à l'abri". Le chef de file des avocats aixois compte bien que, lundi, à l'audience sur le recours déposé contre la décision préfectorale, "les juges administratifs feront preuve de plus de bon sens que le préfet".

L'administration estime qu'Abdoulaye Coulibaly ne "justifie pas de sa présence en France pour chaque année depuis dix ans". En dépit des attestations de tous ses bâtonniers depuis 1980, en dépit du bail de son cabinet renouvelé depuis dix-neuf ans. "Sans incidence", tranche le préfet qui réclame des factures, des quittances... "Je comprends l'émotion, dit la chef du bureau des étrangers à la préfecture, mais on n'a qu'une règle et on l'applique à tous de la même façon".

Me Coulibaly, père d'un enfant français âgé de 21 ans, n'avait jusqu'alors rien rencontré d'autres que des contrariétés, jamais une telle rudesse administrative. En 1974, lorsqu'était sortie la première loi sur le séjour des étrangers, l'administration lui avait rétorqué: "Ça ne vous concerne pas". En 1989, lorsque la préfecture s'était intéressé à sa situation, sa demande de naturalisation suffisait à légaliser sa présence . Durant ces quarante-cinq années de vie en France, son passeport malien - renouvelé en France dans les répresentations diplomatiques- et sa carte professionnelle ont toujours suffi. L'avocat oscille entre rire et pleurs. Cette procédure le terrasse. "C'est ubuesque mais, en même temps, je n'arrive plus à travailler. C'est une humiliation, une meurtrissure". Bien sûr, il s'est rendu au Mali, voir sa famille et même plaider des dossiers, mais "c'est en France qu'il a construit sa vie professionnelle et privée", observe Me Claudie Hubert, son avocate qui ne décolère pas. C'est toute la profession d'avocat qui a décidé de faire bloc derrière son confrère. Le Syndicat des Avocats de France et le Conseil national des barreaux interviendront lundi à l'audience.

Pris de LA PROVENCE de ce jour.

Par angel.la-torre le 29/08/07

He escuchado que algunos extranjeros pueden hacer reexaminar su situación administrativa en Francia. ¿Puede decirme un poco más al respecto? Margarita P.

Debido a la ausencia de disposiciones transitorias entre la aplicación de la ley respecto a lo que constituía la decisión de Reconducción a la frontera (APRF) y la nueva OQTF (véase, al respecto, nuestro último post fechado con el día de ayer, martes 28 de agosto del 2007), los extranjeros que no pueden actualmente ser alejados del territorio francés deben ver su situación reconsiderada en lo que toca el derecho de residencia en Francia.

En efecto, luego que las disposiciones establecidas por los apartados 3 y 6 del artículo L.511-1 del CESEDA, han sido abrogadas el 28 de diciembre último pasado, ningún Prefecto en Francia no puede pronunciar más las tristemente célebres APRF como consecuencia del rechazo de una demanda de residencia o al momento de la renovación de un permiso de residencia. A partir de esa fecha sólo le es posible pronunciar dicho rechazo combinado de una OQTF.

Un vacío jurídico se presentó en consecuencia en este pasaje de la APRF a la OQTF en lo que se refiere a las decisiones de rechazo que cualquier Prefecto había pronunciado antes del 29 de diciembre del 2006 y sobre las cuales una OQTF no podía ser todavía adjuntada y para las cuales la aplicación de la APRF había desaparecido.

Para remediar esta situación, una circular del 22 de diciembre del 2006 preveía que los extranjeros que habían sido objeto de un rechazo de permiso de residencia y que habían sido notificados antes del 1° de enero del 2007 habían "objetivamente reunido, del hecho de su permanencia en Francia, la situación de la irregularidad de la residencia" y podían "en caso de interpelación, ser objeto, a partir de ese fundamento, de una APRF".

La aplicación de esta circular, sin embargo, a partir de mediados de enero del 2007 no prosperó puesto que algunos tribunales administrativos no admitieron esta situación y estimaron que el Prefecto cometía un error de derecho pues este último fundaba sus APRF sobre las disposiciones abrogadas del CESEDA y que por consecuencia la medida de alejamiento no tenia ninguna base legal válida.

Es a partir de entonces que el Gisti junto a dos otras asociaciones (la Asociación de defensa de los derechos de los extranjeros y la Liga de los derechos del hombre) hicieron suspender parcialmente esta circular, acudiendo mediante un proceso en urgencia ante el Consejo de Estado quien, el 15 de febrero del 2007, declaró que en lo que concierne el tratamiento de los rechazos de residencia pronunciados antes del 1° de enero del 2007, los extranjeros afectados no se encuentran de ese solo hecho, ni en la situación del extranjero entrado irregularmente al territorio francés ni tampoco en el caso del extranjero que ha entrado en Francia sin visa o, si esta dispensado de visa, que se ha mantenido en el territorio mas allá de tres meses sin demandar un titulo de residencia.

Así pues hay que resaltar que el Consejo de Estado decidió que, en la ausencia de disposiciones transitorias previstas por la ley y el decreto en Consejo de Estado que fue tomado para su aplicación, la circular no podía, sin infringir la legalidad, organizar el período transitorio. La aplicación de esta circular debía ser en consecuencia suspendida.

Ahora bien, tomando en consideración la decisión de justicia del Consejo de Estado que venimos de comentar, una nueva circular del 16 de febrero del 2007 ha abrogado pues entonces el punto 1 de la circular suspendida por el juez administrativo y ha precisado además que el solo hecho que un extranjero se haya visto rechazar o retirar un permiso de residencia y de haber sido invitado a abandonar el territorio francés antes del 1° enero del 2007, no es suficiente para hacerle entrar en el campo de aplicación del artículo L.511-1, II, 1° ó 2° del CESEDA.

En virtud de esta nueva circular y en el caso de que un extranjero no se encuentre dentro de una de las hipótesis previstas por los apartados 1° ó 2° precitados y que no puede ser objeto de una APRF, el Prefecto debe proceder a una reconsideración de su situación en lo que concierne el derecho a la residencia y tomar, si el extranjero no satisface a las condiciones requeridas, una nueva decisión de rechazo de admisión a la residencia susceptible de ser acompañada de una OQTF, en aplicación del articulo L.511-1, I del CESEDA.

Finalmente y por otro lado hay que señalar análogamente que, mediante una decisión de principio, el 6 de febrero del 2007 último, la Corte de Casación ha claramente condenado, por la primera vez, la interpelación de un extranjero sin papeles en la ventanilla de una Prefectura.

La Corte ha calificado esta práctica de "tramposa" para con el extranjero en situación irregular que recibe una convocación por motivo de una reconsideración de su situación en vista, en realidad, de interpelarlo.

La Alta Jurisdicción ha juzgado asimismo este hecho de "práctica desleal" y contraria al artículo 5, apartado 1, de la Convención Europea de Derechos del Hombre (CEDH).

Maître Angel LA TORRE

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Par angel.la-torre le 28/08/07

He leído algo sobre una nueva medida respecto al alejamiento de los extranjeros en Francia. ¿Puede explicarme un poco más al respecto?. Diego M.

Con mucho gusto.

Efectivamente, un nuevo Decreto adaptando el Código de Justicia Administrativa al CESEDA ha sido publicado en el Diario Oficial el 29 de diciembre del 2006. Se trata, entre otras medidas, de la Obligación de Abandonar el Territorio Francés (OQTF, por sus siglas en la lengua gala) y que es aplicable a partir del 30 de diciembre último pasado.

La OQTF es otorgada a todo extranjero que reciba una decisión prefectoral de rechazo o de retiro de un permiso de residencia en Francia. Este extranjero tendrá un mes, a partir de la fecha de la recepción de dicha OQTF, para abandonar el país o para interponer un recurso ante el Tribunal Administrativo competente.

Este plazo de un mes es inamovible y no es prorrogable aún cuando el extranjero presente un recurso gracioso o un recurso jerárquico, como era el caso anteriormente. De cualquier manera, pasado dicho mes y si el extranjero no ha hecho apelación contra esta decisión, la administración podrá ejecutar por la fuerza la decisión mencionada pudiendo, en consecuencia, interpelar el mismo extranjero y colocarlo en retención administrativa.

De otra manera, sólo un recurso contencioso interpuesto ante el Tribunal Administrativo correspondiente y dentro del límite de un mes a partir de la fecha de la decisión prefectoral contestada puede suspender la ejecución de dicha decisión en espera de la decisión del Tribunal Administrativo pronunciándose sobre dicho recurso.

Cabe recordar aquí la situación anterior, la misma que ya no es válida actualmente: El extranjero recibía una Invitación a Abandonar el Territorio Francés (IQTF, por sus siglas en francés) que podía ser objeto, sea de un recurso gracioso, sea de un recurso jerárquico o, sea de un recurso administrativo dentro de los dos meses de dicha decisión. Por otro lado, la Prefectura podía enviar al extranjero que no había abandonado el país dentro de un mes, una Decisión Prefectoral de Reconducción a la Frontera (APRF) que tenía un carácter conminatorio, contrariamente a la IQTF que era, como su mismo nombre lo indica, una simple invitación a abandonar el territorio francés dentro del plazo de un mes.

La OQTF actual reagrupa y se substituye a la IQTF y a la APRF notificada por correo que venimos de explicar para no constituir que una sola medida de alejamiento del territorio francés.

Las reconducciones a la frontera notificadas administrativamente; esto es, en manos propias, cuando el extranjero es interpelado en la vía publica o en una ventanilla de la prefectura, por ejemplo, subsisten y otorgan al extranjero un plazo reducido de 48 horas para introducir una apelación ante un Tribunal Administrativo competente que tiene, a su vez, 72 horas para pronunciarse sobre el recurso interpuesto. Pero con la salvedad de que la decisión no provenga de una decisión anterior de rechazo de residencia, en cuyo caso solamente una OQTF es posible.

En otras palabras, un extranjero que ha sido objeto de una decisión de rechazo o de retiro de una autorización de residencia en Francia y que ha obtenido esta decisión antes del 30 de diciembre ultimo pasado no puede ser objeto de un APRF a partir de esa fecha.

De otra parte, está demás recordar aquí que, a partir de la notificación de la OQTF, el extranjero puede beneficiar de la ayuda económica al retorno -implementada el año pasado por el gobierno actual- por intermedio de la ANAEM.

Hay que tener pues entonces bien presente que la OQTF tiene un valor de alejamiento "obligatorio" a partir del vencimiento del plazo de un mes de la fecha de su expedición si ningún recurso no ha sido interpuesto dentro de este plazo. Dicho de otra manera, la administración no tiene más la necesidad de tomar una nueva decisión para ejecutarla de fuerza, si es necesario, y de mantener al extranjero en retención administrativa y/o de reenviarlo a su país de origen.

Para terminar, el Decreto que comentamos ha asimismo introducido una reforma de las resoluciones de rechazo por inadmisibilidad manifiesta, conocidas también como resoluciones de "selección". Quiere decir que, a partir de ahora, el Presidente del Tribunal Administrativo tiene el poder de rechazar de oficio el recurso que será -a su juicio- mal redactado o mal argumentado, y todo esto, sin previa notificación ni emplazamiento al interesado.

Maître Angel LA TORRE

Avocat à la Cour

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